June 26, 2016

Preocupa a organizaciones indígenas el debilitamiento de sus derechos territoriales



 

“Las organizaciones indígenas no se oponen al desarrollo del país, sino que, al contrario, están a favor de las inversiones, pero con respeto a los pueblos indígenas y sus territorios”, afirma la dirigente Asháninka Ketty Marcelo. “El Estado podría impulsar una inversión responsable fortaleciendo las normas y delimitando adecuadamente los territorios de las comunidades campesinas y nativas, con la aplicación adecuada del ordenamiento territorial y la consulta previa, entre otros”, expresó la dirigente refiriéndose a las medidas del gobierno que han suscitado la demanda presentada ante el Tribunal Constitucional el pasado 10 abril.

La Ley 30230, una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas que busca promover y dinamizar la inversión en el país, vulnera los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que son garantizados por la Constitución Política del Perú, afirman las organizaciones indígenas, y esto fue lo que motivó al Pacto de Unidad, conformado por seis organizaciones Indígenas nacionales, con AIDESEP y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos a presentar la demanda de inconstitucionalidad. El Tribunal deberá valorar si dicha ley respeta la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales, principalmente el Convenio 169 de la OIT, ratificados por el Perú.

La demanda responsabiliza al Estado peruano de vulnerar derechos fundamentales de los pueblos indígenas, pasando por alto los instrumentos internacionales que los protegen, como el derecho a la tierra y al territorio, el derecho a la Consulta y el derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado.
Antolín Huascar, dirigente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), advirtió que el gobierno no puede disponer de territorios que no son suyos. “Para los pueblos indígenas, el derecho a la tierra y al territorio es especialmente importante porque es allí donde se estructura toda su vida social, económica y política. Si se amenaza el territorio, se atenta contra la vida de estos pueblos”, concluyó.

“En vez de titular los territorios de las comunidades campesinas y nativas, el Estado dispone de ellos en favor de las empresas extractivas. Así, la Ley 30230 permite decidir al Estado sobre la propiedad de sus tierras y elimina la esencia del ordenamiento territorial, que consiste en establecer los usos del territorio”, afirma Richard Chase Smith, del Instituto del Bien Común. De otro lado, Smith advirtió que la exclusión de las tierras de comunidades campesinas y nativas establecida en el reciente reglamento de dicha ley, si bien es un importante paso adelante, no elimina el peligro para la propiedad de las comunidades indígenas, pues no comprende a las tierras en posesión, cuyo título aún no ha sido emitido por el Estado.

El proyecto de Ley 3941, también destinado a incentivar la inversión, presentado al Congreso en noviembre de 2014, establece la declaración de servidumbres de interés nacional. Según Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), esta ley acelerará el acceso a las tierras por parte de proyectos de inversión. “La implementación de la Ley 30230 y el proyecto de Ley 3941 crean unas condiciones jurídicas que facilitarán el acceso de las empresas extractivas a los territorios de las comunidades, vulnerando derechos constitucionales”.

“El Estado ha renunciado a la posibilidad de crecimiento económico respetando los parámetros democráticos, los derechos ambientales y de los pueblos indígenas” afirmó Ketty Marcelo, dirigente asháninka y Vicepresidenta de ONAMIAP. “No se ha aprendido nada de lo que sucedió en Bagua”, concluyó, refiriéndose a la aprobación de un conjunto de decretos legislativos en 2009 que debilitaban la seguridad de los territorios indígenas que condujo a trágicos sucesos en la Amazonía.

Ante esta situación, las organizaciones indígenas advierten que saldrán a protestar si el gobierno no deroga estas leyes. “Estamos unidos, fortalecidos para seguir en la lucha técnica, social y política. Seguiremos luchando hasta conseguir el respeto por nuestros derechos”, declaró Idelso Hernández, dirigente de la Central Única Nacional de Rondas Campesina del Perú (CUNARCP).



NUEVAS AMENAZAS A LA PROPIEDAD COMUNAL

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