June 26, 2016

Reglamento de la Ley 30230 es una amenaza para los derechos a la tierra y territorio



La Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú advierten que las comunidades que no tienen sus derechos saneados podrían ser afectadas por esta norma.

El 16 de diciembre de 2015 se publicó el Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Título III (Capítulos I, II y III) de la Ley 30230 referido a la creación de procedimientos especiales y simplificados para el saneamiento de tierra a favor de proyectos de gran inversión.

Luego de 17 meses de publicada la Ley 30230, se puede conocer el contenido de dicho reglamento que se aplicará a los predios que se encuentren dentro del área de influencia directa o indirecta de los proyectos de inversión que hayan sido, por ley, declarados de necesidad pública, interés nacional, seguridad nacional y/o de gran envergadura. Este Reglamento señala expresamente que se aplicará a los predios que cuenten con concesiones para actividades mineras y de hidrocarburos, entre otros (Artículo 4).

En lo que podría considerarse un avance, la norma señala en su artículo 14 que no se afectarán las tierras de las comunidades campesinas y comunidades nativas. Sin embargo, la redacción de este precepto deja algunas dudas, pues podría interpretarse que sólo se tomará en consideración a las tierras que cuenten con título de propiedad ¿Qué sucederá con las comunidades que no tienen un título de propiedad que reconozca su derecho, con las que tienen título de propiedad pero que no está registrado, o con las tierras tituladas que no han sido georreferenciadas? En todos estos casos ¿el Estado podría argumentar que estas tierras, en tanto no tienen un propietario completamente formalizado, son de su propiedad y, por lo tanto, pueden ser entregadas a los inversionistas? Creemos que no debería ser así.

En la Ley 30230, y ahora en su reglamento, se parte del supuesto de que la propiedad privada y la propiedad estatal están claramente delimitadas, lo cual no se ajusta a la realidad. Esto se corrobora con que el 72.7% (5,483) de comunidades campesinas y nativas no tiene cómo acreditar su derecho de propiedad, debido a la carencia de georreferenciación de los linderos y localización de sus tierras y la no existencia de un catastro de tierras. Una tarea que el Estado peruano mantiene pendiente.

Es importante mencionar que, según el artículo 14.1 del Convenio 169, “deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Agrega el Convenio que, frente a situaciones en las que los derechos sobre las tierras y territorios puedan verse afectados, los gobiernos deberán tomar “medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia” considerando que estas deberán ser respetadas no solo a nivel físico, sino también a nivel cultural y espiritual de quienes ahí habitan.

La premura del gobierno por dinamizar la economía a como dé lugar y la cantidad de normas promulgadas que atentan contra los derechos de las comunidades en este último lustro, sumados a la indefinición física y legal de la situación de las tierras de comunidades, evidencian una nueva forma de despojo y vulneración de los derechos a la tierra y el territorio de las miles de comunidades campesinas y comunidades nativas que existen en el país, así como la posibilidad de generar nuevos conflictos por la tierra.

Por ello, exhortamos al Estado peruano a revisar cuidadosamente la legislación vigente, nacional e internacional, relativa a las comunidades campesinas y comunidades nativas, y observar el pleno respeto a sus derechos. Del mismo modo, los llamamos a cumplir con su obligación de titular el resto de comunidades y de cumplir con la georreferenciación de los linderos de todas las comunidades para luego crear un catastro moderno de la propiedad rural.



NUEVAS AMENAZAS A LA PROPIEDAD COMUNAL

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